Si el IFT no está, ¿quién dará las concesiones de telecomunicaciones en México? Para la propuesta que ya está en Congreso no hay duda: el presidente del país.
En lo que sería una reconcentración de poderes, en el texto propuesto se lee que el presidente tendría que crear una dependencia y a través de ella dar las concesiones que apliquen en todo lo relacionado con radiodifusión y telecomunicaciones. Eso funciona para concesiones públicas y también para las comerciales, es decir, aquellas que tienen Televisa, TV Azteca y América Móvil.
Una concesión es un permiso para usar el espectro radioeléctrico. Es un permiso especial porque hace que las empresas usen ciertos canales y frecuencias, exactamente lo que necesitan para dar sus servicios de telecomunicaciones. Puede ser para televisión, telefonía o internet; el punto es el mismo: como el espectro le pertenece a México y no se puede vender, las empresas tienen que rentarlo con ayuda de una concesión.
Es pronto para conocer el impacto total de la que parece ser la inminente desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero el camino hasta su desaparición ha tomado años. Recapitulación rápida: el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso desde 2021 eliminar al IFT, pero la propuesta no logró tracción por falta de votos en Congreso.
Eso cambiará muy pronto. A partir del 1 de septiembre, el nuevo Congreso entrará en vigor (el que fue votado en las elecciones del pasado 2 de junio), así que tiene todo el sentido que una nueva propuesta para desaparecer al IFT aparezca justo ahora, a un mes de que comience a funcionar el nuevo Congreso con una abrumadora mayoría del partido Morena. A esa mayoría que puede hacer ajustes a la Constitución Política se le llama mayoría calificada y corresponde a dos terceras partes de las dos cámaras del Congreso.
La propuesta que ya circula en Congreso tiene planeado eliminar al IFT, pero no es el único órgano constitucional desconcentrado que se extinguiría. El mismo documento planea destinos similares para el INAI, el CONEVAL, la Comisión Recguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y hasta la COFECE. El primer borrador que fue subido hace algunas semanas puede consultarse en el portal de la Cámara de Diputados.
El futuro de las telecomunicaciones en México
Volviendo al IFT, el documento tiene algunos apuntes interesantes. Las concesiones que ya fueron dadas tendrán que ser respetadas tal y como existen, aunque sí se dice que los concesionarios deberán cumplir con las nuevas reglas que dicte el presidente de México. A la letra, en el texto se lee:
"Los títulos habilitantes otorgados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones continuarán vigentes en sus términos, sin perjuicio de que los concesionarios deban cumplir con las obligaciones y contraprestaciones que en su caso les imponga el Ejecutivo Federal, en ejercicio de sus atribuciones".
Que Gobierno de México se encargue de las telecomunicaciones llega en un momento crucial. Internet para el Bienestar y CFE Telecomunicaciones son dos de sus propuestas para llevar internet móvil a todo el país, incluso aunque en ocasiones parezcan competencia injusta con los servicios con concesionarios. Altán Redes, administrador de la Red Compartida y rescatada por Gobierno de México en 2022, pasará a ser dirigida por ni nada menos que la CFE, según ha adelantado el presidente López Obrador.
Ahora todo parece una telaraña de movimientos de ajedrez que pintan para tener un resultado: el control de las telecomunicaciones para cumplir con la misión del pendiente que sigue siendo cerrar la brecha digital en México.
Visto así, no suena a una terrible idea. Pero para entender el problema hay que alejar la lupa. CFE TEIT tiene una concesión que le permite funcionar solamente en áreas rurales. CFE TEIT da servicios sin fines de lucro, no debe ser usado para programas sociales y sus servicios deben ser ofrecidos a "población económicamente en desventaja", ha dicho el IFT. En su última revisión, el IFT se dejó como tarea seguir vigilando a CFE TEIT para evitar que cause distorsiones de mercado.
El propósito es doble: cubrir a las zonas desconectadas que no tienen conexión a internet y, de paso, que sus precios bajos no sean competencia directa de otros servicios que pagan por concesiones comerciales. Un CFE sin límites en telecomunicaciones podría provocar distorsiones de mercado. El único árbitro que debería impedirlo es el IFT, el mismo que estaría por desaparecer.
En el peor de los casos, dijo a El Economista Víctor Pavón, de Oxford Competition Economics, un CFE validado a nivel nacional y sin supervisión provocará distorsión porque la inversión privada se sustituiría por inversión pública. "Significará que estarás como gobierno fondeando de manera recurrente y con dinero público".
El contexto importa cuando se habla de desaparecer al IFT. Si la propuesta avanza, su extinción pinta para ocurrir antes de que acabe 2024. Si el texto es aprobado en Cámara de Diputados, luego tendría que ser votado en el Senado de la República.
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